¿Políticas culturales o políticas de subsidios?



En la nota “Ir de feria, con una política”, publicada en la revista Ñ del día 4 de octubre de 2008, su autor, el editor Miguel A. Villafañe, responsable de la editorial Santiago Arcos, describe su concepción de una política cultural. En particular, hace referencia a cuál debería ser el rol del Estado desde la perspectiva y necesidades de un –en sus propias palabras- “pequeño editor independiente”.

Sostiene Villafañe: “El Estado debería colaborar a través de subsidios que ayuden a los editores comprometidos… a comprar derechos de edición y traducción de libros”; a esto agrega que “las propuestas de autores y obras a contratar deberían surgir de las pequeñas editoriales independientes que apuestan a la renovación de las lecturas y el canon…” y concluye que “una parte de los libros editados debería integrar el sistema público de bibliotecas populares a través de la CONABIP para asegurar así una distribución democrática de estos saberes.”

Este editor entiende que nuestro país debe mutar de un rol pasivo y “exótico” –en especial en vistas a la Feria de Frankfurt 2010- a “ser agente de cambio que aplica un plan de política cultural acorde a las necesidades de modernización y transformación de las ofertas de lecturas pensando en toda la población”.

Es por eso que, para completar su plan, Villafañe proponga que el Estado financie un “Centro del Libro Argentino en España” cumpliendo de este modo, funciones de “garante y distribuidor del patrimonio común”.

El titular de Santiago Arcos señala, con buen tino, que es en la feria de Frankfurt donde se define, “se cocina” (palabras de Villafañe), lo que se leerá en los próximos 2 o 3 años. En esta feria de negocios de compra y venta de derechos de edición y traducción, las editoriales españolas demuestran todo su peso y determinan lo que será la tendencia del mercado en el mundo de habla hispana.

A partir de lo antes dicho, este editor concluye que devenimos importadores de los contenidos producidos “a partir de las estéticas e ideologías dominantes en Europa”, de modo tal que las políticas editoriales de las empresas españolas enmarcan, en gran medida, nuestros horizontes de lectura.

Ahora bien, cuál es el rol del Estado según la nota escrita por Villafañe. A primera vista, se desprendería de su lectura que una política cultural es igual a una política de subsidios. Pensaríamos, entonces, en un Estado garante y facilitador de negocios; un Estado capaz de financiar a pequeños y medianos emprendedores. El Estado, en este sentido, no sólo financia la compra de derechos de edición, sino también de traducción y termina garantizando el punto de equilibrio de los productores locales a través de las compras que realizaría y realiza, actualmente, la CONABIP. ¿Pero nos podemos preguntar si una política de subsidios es una política cultural? Con este modelo de financiamiento, no se logra revertir la invasión de “contenidos” producidos en el primer mundo. Lo único que se logra es que el Estado favorezca a pequeños productores locales y garantice la venta de la producción cultural europea. El dinero del Estado –de todos nosotros- sigue financiando al sector privado y facilitando una balanza de importación de ideas.

Desde nuestra perspectiva, el modelo que imagina Villafañe se presenta como defensor de la producción nacional, como garante de una igualitaria distribución de contenidos –éste sería el propósito de las compras de la CONABIP- pero deja de lado algunos aspectos que sí deberían tenerse en cuenta al momento de pensar una política cultural.

En primer lugar, no existe una política cultural sin un diseño de indicadores de evaluación de proyecto. Por ejemplo, ¿sabemos si la mencionada CONABIP no termina favoreciendo en gran medida, con sus compras, a grupos multinacionales? ¿Qué porcentaje de sus compras repercute en los pequeños y medianos editores?

Segundo, ¿Sabemos si las compras que realizan las bibliotecas populares se corresponden con las necesidades reales de sus comunidades de origen? ¿Son públicos los resultados de estas compras? ¿Garantizan, como dice Villafañe, “una distribución democrática de saberes”? En las jornadas CONABIP de la Feria del Libro de Buenos Aires, observamos que gran parte de las compras que realizan las bibliotecas populares con dinero otorgado por la CONABIP termina engrosando las arcas de los grupos multinacionales. El fenómeno del mercado cultural es muy complejo, de modo que tampoco se puede condenar la compra de títulos por el sólo de pertenecer a editoriales extranjeras, si hay una necesidad legítima por conseguir dicho material para una biblioteca. En este caso no tiene mucho lugar hacer una defensa nacionalista de la cultura.

Tercero, siguiendo la línea de Villafañe, por qué el Estado debe ser “activo” al momento de aportar dinero en subsidios, pero debe dejar que las empresas privadas –pequeñas o grandes- sean las que determinen la línea cultural de un posible lectorado definiendo qué se debe leer.

Cuarto, a partir de lo anterior, se desprende, también, algo que no menciona Villafañe, preocupado por las políticas culturales, y que es importante tener en cuenta: la mayor cantidad de las editoriales están situadas en Buenos Aires, razón por la cual, además de ser las editoriales privadas las que definen una política cultural, la misma pecaría de un centralismo que corre el riesgo de ignorar la diversidad cultural de un mapa vasto y complejo como el de la Argentina.

Quinto, no está demás preguntarse –si nos consideramos democráticos- si los contenidos que creemos como insoslayables desde nuestros espacios de centrales de decisión –bien por responder a las tendencias intelectuales del momento; bien, por responder a demandas de mercado; o bien, por responder a apuestas de vanguardia, entre otras razones- están en sincronía con las problemáticas del mapa antes mencionado.

¿Podríamos, entonces, pensar una propuesta que fuera viable como inicio de un plan de política cultural? Pensemos, como punto de partida, por ejemplo, la política que lleva a cabo Francia como promoción de su producción cultural (Un ejemplo en nuestro país de esta clase de subsidio lo lleva adelante la Fundación Typa). El gobierno francés subsidia a editoriales extranjeras para que éstas puedan comprar derechos de edición o traducción; incluso, en algunos casos, llega a subvencionar parte de la producción de los proyectos editoriales. Ese dinero cumple un triple rol: primero, promueve el capital intelectual francés, posibilitando que la producción cultural se posicione en otros mercados; segundo, este posicionamiento, impone paradigmas de discusión en el campo de las ideas; por último, ese dinero que un primer momento, sale de Francia, concluye su círculo virtuoso, regresando como remesas por las liquidaciones de derechos de edición. Es de algún modo un subsidio indirecto, pero mucho más efectivo que un subsidio directo a la producción y/o compras de derechos de edición o traducción.

Finalmente, otro punto a pensar, en términos de una política cultural, tiene que ver con la responsabilidad del Estado en tanto productor de lectorado. Diagnosticar las prácticas de lectura en los ámbitos de formación así como fuera de los mismos de manera cualitativa y cuantitativa no puede ser una tarea exenta del diseño de políticas culturales.

En resumen, el Estado no puede ser el socio ciego de los emprendimientos privados, ni puede dejar que éstos determinen un canon de lecturas o de discusiones. El Estado debe facilitar herramientas para el desarrollo privado, previa evaluación sobre quiénes las necesitan y quiénes no. En definitiva una política cultural debe pensarse de la manera más plural posible, porque ese es el sentido de una política a nivel estatal: lo demás son posiciones legítimas pera parciales de sectores particulares.